Preguntas frecuentes de nuestros clientes

Recuperaciones Empresariales

1Si mi empresa está en concurso de acreedores, ¿podría pedir financiación avalada por el ICO?
Los avales del ICO han de cumplir con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. Por tanto, no tendrán acceso a esta financiación avalada empresas que se encuentren en concurso de acreedores o que reúnan los requisitos para encontrarse en concurso de acreedores a fecha de solicitud de la financiación. De hecho, en la documentación que habrán de firmar los beneficiarios de financiación con avales del ICO, habrán de declarar expresamente que ni se encuentran en concurso de acreedores ni reúnen los requisitos para encontrarse en concurso (esto es, que no son insolventes).
2¿Significa eso que las empresas españolas no han de solicitar su concurso de acreedores?
No. No tener el deber no significa que no sea aconsejable que muchas empresas acudan a los institutos preconcursales o al propio concurso de acreedores, que pueden tener numerosos beneficios (paralización de las deudas, quitas, esperas, etc.). Es una cuestión que hay que analizar caso por caso.
3Si una empresa a la que debo dinero insta el concurso necesario de mi empresa, ¿cómo puedo protegerme?
Si un acreedor presenta solicitud de concurso necesario de una empresa que le debe dinero antes del 31 de diciembre, el deudor podrá presentar su solicitud de concurso voluntario hasta dicha fecha, admitiéndose a trámite con preferencia la solicitud del deudor.
4Tras el COVID-19, ¿cuándo puedo modificar el convenio de acreedores que ya tenía aprobado judicialmente?
Las concursadas pueden presentar propuesta de modificación del convenio aprobado judicialmente y en período de cumplimiento durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma (esto es, hasta el 14 de marzo de 2021).
5¿Qué pasa si algún acreedor presenta solicitud de declaración de incumplimiento de un convenio judicialmente aprobado y en período de cumplimiento?
Si algún acreedor presenta solicitud de declaración de incumplimiento del convenio durante los primeros seis meses desde el 14 de marzo (por ende, hasta el 14 de septiembre de 2020), el juzgado de lo mercantil dará traslado a la empresa concursada cuyo convenio se entiende incumplido.
6¿El reconvenio es algo nuevo o ha existido en el pasado?
El reconvenio ha aparecido y desaparecido en España, pero es un mecanismo con el que ya hemos trabajado. De hecho, desde CARLES CUESTA Abogados presentamos el primer reconvenio de acreedores de la historia de España en octubre de 2014: el de la mercantil Barnatrans (autos de concurso de acreedores 258/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona), que fue aprobado con una mayoría del 85,28% por Sentencia de 14 de diciembre de 2015 (Magistrado D. Florencio Molina López).
7¿Qué pasa si mi empresa tenía homologado un acuerdo de refinanciación y no lo va a poder cumplir?
Los deudores que tuvieran homologado un acuerdo de refinanciación podrán, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma (es decir, hasta el 14 de marzo de 2021), hacer uso de la comunicación a la que se refiere el artículo 5 bis de la Ley Concursal para (i) modificar el acuerdo que tuviera en vigor o (ii) alcanzar otro nuevo, incluso aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
8¿Qué pasa si no se inician negociaciones para modificar el acuerdo homologado o no se llega a conseguir modificarlo?
Si (i) en ese mes el concursado no pusiese en conocimiento del Juzgado tal inicio de negociaciones o si (ii) dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento que hayan presentado los acreedores.
9Me estoy planteando inyectar más dinero en mi empresa, ¿hay algún incentivo para hacerlo?
Para incentivar el fresh money en el caso de convenios o reconvenios desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022 (y evitar, así la liquidación), se calificarán como créditos contra la masa “los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él”, siempre que se cumplan una serie de requisitos.
10¿Qué ocurre con las subastas en los concursos de acreedores?
Hasta el 14 de marzo de 2021, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.
11¿Qué pasa si mi empresa tiene pérdidas en 2020 y se encuentra en causa de disolución? ¿Tendré que disolverla?
A los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.
1¿Tienen aún las empresas obligación de solicitar concurso de acreedores tras el COVID-19?
No. El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril suspende el deber de solicitar el concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020, se haya hecho uso o no de la solicitud a la que se refiere el art. 5 bis de la Ley Concursal (comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio).
2Si una empresa me debe dinero, ¿puedo instar su concurso necesario?
Aunque se puede, la admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario también se encuentra suspendida desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. En todo caso, podría haber supuestos en los que aún podría compensar la presentación de un concurso necesario.
3¿Qué son los reconvenios?
Un reconvenio de acreedores es la modificación de un convenio concursal que ha sido previamente aprobado por el Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso de acreedores de la concursada en los términos previstos en los artículos 127 y siguientes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Lo explicamos con detalle en el artículo “La resurrección del reconvenio de acreedores ante la pandemia del Covid-19”.
4¿Cómo se tramitan los reconvenios?
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías también se regirán por lo previsto para el convenio originario (importante, eso sí, aunque el reconvenio supere el contenido de quita y espera del convenio originario).
5¿Qué puede hacer la concursada en ese caso?
La concursada tendrá tres meses más (hasta el 14 de diciembre de 2020) para presentar propuesta de modificación del convenio (reconvenio), que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento. En caso de que el deudor no presentase solicitud de modificación en esos tres meses, se admitiría a trámite la solicitud de declaración de incumplimiento del convenio.
6¿Qué implica un reconvenio?
Por hablar desde el ejemplo, el reconvenio de Barnatrans supuso que la quita del primer convenio, del 50%, se aumentase hasta un 90%.
7¿Qué pasa si algún acreedor presenta solicitud de declaración de incumplimiento de un acuerdo de refinanciación homologado y en período de cumplimiento?
Si algún acreedor presenta solicitud de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación durante los primeros seis meses desde la declaración del estado de alarma (por ende, hasta el 14 de septiembre), el juzgado de lo mercantil dará traslado a los concursados, que tendrán un mes más (hasta el 14 de octubre) para poner en conocimiento del juzgado que han iniciado o van a iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo homologado en vigor o para alcanzar otro nuevo, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
8Si mi empresa no puede cumplir un convenio, ¿tiene el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación?
Hasta el 14 de marzo de 2021, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio y se admita a trámite antes del 14 de marzo de 2021. Como consecuencia de lo anterior, hasta el 14 de marzo de 2021, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación, aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.
9Y si mi empresa aún no está en concurso de acreedores, inyecto dinero y finalmente se declara en concurso de acreedores, ¿qué pasa?
Para incentivar el fresh money de personas especialmente relacionadas para evitar la insolvencia (y, por ende, evitar solicitar el concurso de acreedores), en los concursos de acreedores que finalmente se declaren desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022, se calificarán como créditos ordinarios (y no subordinados), (i) “los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él” y (ii) los créditos en que se hubieran subrogado las personas especialmente relacionadas como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.
10¿Hay excepciones a la subasta extrajudicial?
Si. Por ejemplo, la enajenación (en cualquier fase del concurso) del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas. Podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley Concursal. O la autorización (en cualquier fase del concurso) de venta directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes. Se estará a los términos de la autorización.

Prestamos ISO con Avales del Estado

1¿Cuándo se aprobaron los avales del Instituto de Crédito Oficial para préstamos ante el COVID-19?
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo incluye la aprobación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (“ICO”) con una dotación de hasta 100.000 millones de euros.
2¿Qué condiciones tienen estos avales?
Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecen por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. Por tanto, tenemos que estar a cada una de las activaciones de tramos por acuerdos del Consejo de Ministros.
3¿Qué cubre la garantía de ese primer tramo?
La garantía cubre el 80% de los nuevos préstamos y/o renovaciones de financiación previa (en el caso de autónomos y PYMES). En el resto de empresas, la garantía cubre el 70% de la nueva financiación y el 60% en caso de renovación de financiación previa.
4¿Qué cubre la garantía de ese segundo tramo?
La garantía cubre el 80% de los nuevos préstamos y/o renovaciones de financiación previa (recordemos que este tramo se activó íntegramente para autónomos y PYMES).
1¿Qué finalidad tienen esas líneas de avales?
La finalidad de los préstamos avalados será que las empresas y autónomos puedan atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
2¿De qué importe es el primer tramo que se ha activado?
El primer tramo se activó con un importe de 20.000 millones, de los que se reserva un 50% para garantizar préstamos de autónomos y PYMES (acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020).
3¿De qué importe es el segundo tramo que se ha activado?
El Consejo de Ministros acordó activar un segundo tramo por importe de 20.000 millones de la línea de avales para PYMES el 10 de abril de 2020).
4¿De qué importe es el segundo tramo que se ha activado?
El Consejo de Ministros acordó activar un tercer tramo de (i) 20.000 millones para garantizar préstamos tanto de autónomos y PYMES como de grandes empresas; (ii) 4.000 millones de cobertura de pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija y (iii) 500 millones en refuerzo de los reavales concedidos por CERSA.

Contratos de Arrendamiento

1Durante la duración del estado de alarma, ¿sigue existiendo obligación de pago de rentas derivadas de contratos de arrendamiento?
Con carácter general, sí.
2¿Existe alguna excepción legal a la regla general de la obligación de pago de rentas?
Sí, siempre que el arrendador fuese una empresa o entidad pública de viviendas o un «gran tenedor de inmuebles» cuando se trate de arrendamientos de uso distinto a vivienda y que los arrendatarios cumpliesen con los requisitos exigidos por el Real Decreto-Ley 11/2020 (en los casos de arrendamiento de vivienda habitual) o los exigidos por el Real Decreto-Ley 15/2020 (en los casos de arrendamiento para uso distinto a vivienda habitual o de industria).
3¿Qué significa que un arrendador sea un «gran tenedor de inmuebles»?
Que se trate de personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez (10) inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o titulares de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.
4¿Qué requisitos exige el Real Decreto-Ley 11/2020 a los arrendatarios de vivienda habitual?
Que se trate de inquilinos que se encuentren en «situación de vulnerabilidad económica» a causa del COVID-19; y ello implicaría que (1) la persona arrendataria obligada al pago de las rentas hubiese sido despedida, se hubiese visto afectada por un ERTE, se hubiese visto perjudicada por una reducción de jornada de trabaja o se encontrase en cualquier otra situación similar que implicase una pérdida sustancial de ingresos; de tal forma que, en el mes anterior a la solicitud de las medidas solicitadas, los ingresos del resto de miembros de la unidad familiar no alcanzasen unas cantidades mínimas con referencia al IPREM, y, asimismo, que (2) los importes de la renta arrendataria (incrementados con los gastos y suministros básicos) fuese superior al 35% de los ingresos netos de los miembros de la unidad familiar de la vivienda. En todo caso, no se considerarán la existencia de «situación de vulnerabilidad» económica a causa del COVID-19 cuando la persona arrendataria o cualquier miembro de la unidad familiar fuese propietario o usufructuario de alguna vivienda en España, a no ser que el derecho de propiedad o uso recayese únicamente sobre una parte alícuota y se hubiese obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento o que dicha vivienda no estuviese disponible por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o por razones de adaptabilidad a una discapacidad.
5¿Qué requisitos exige el Real Decreto-Ley 15/2020 a los arrendatarios de inmuebles para uso distinto de vivienda habitual o de industria?
En caso de tratarse de profesionales autónomos, que a la fecha de declaración del estado de alarma la persona arrendataria estuviese afiliada y en situación de alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en una de las mutualidades del RETA; que su actividad profesional hubiese quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o, de no haberse suspendido la actividad, en caso de que durante el mes anterior a la solicitud la facturación se haya reducido en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenezca dicho mes. En caso de tratarse de una pequeña o mediana empresa, que no se superen dos de los tres límites del artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital (partidas del activo inferior a los cuatro millones de euros; importe neto de la cifra anual de negocios sea inferior a los ocho millones de euros o que el número medio de trabajadores sea inferior a cincuenta); que la actividad hubiese quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o, de no haberse suspendido la actividad, en caso de que durante el mes anterior a la solicitud la facturación se haya reducido en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenezca dicho mes.
6En su caso, ¿qué ocurre con los arrendamientos de uso distinto de vivienda si el arrendador no fuese un «gran tenedor de inmuebles»?
Excepcionalmente, los arrendatarios que cumpliesen los requisitos del Real Decreto-Ley 15/2020 también podrán acogerse a las medidas previstas por la norma en caso de arrendadores privados que no fuesen «grandes tenedores de inmuebles»; pudiendo, además, disponer libremente de la fianza regulada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para destinarla al pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En su caso, la persona arrendataria estará obligada a reponer el importe de la fianza en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo alcanzado con la persona arrendadora o en el plazo que reste de vigencia del contrato si este fuera inferior a un año.
7¿Qué tipo de medidas se prevén en los contratos de arrendamiento?
Arrendadores y arrendatarios podrán optar entre un aplazamiento temporal y extraordinario –sin penalización ni devengo de intereses– de la obligación de pago de las rentas o una reducción de las mismas durante la duración del estado de alarma o, en su caso, con un plazo máximo de cuatro meses posteriores a la finalización de aquel.
8¿Las medidas relativas a los contratos de arrendamiento de vivienda son aplicables a todos los contratos de arrendamiento sobe viviendas?
No, solo serán aplicación sobre los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Por tanto, quedan excluida su aplicación a las segundas residencias o viviendas vacacionales.
1¿Las medidas previstas por las normas son de aplicación automática?
En los casos de arrendamiento de vivienda en los que existan personas en «situación de vulnerabilidad económica» y el arrendador fuese una empresa o entidad pública de vivienda o un «gran tenedor de inmuebles», sí. De igual forma, las medidas serán de aplicación automática también en los arrendamiento de uso distinto de vivienda o de industria cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un «gran tenedor de inmuebles» y el arrendatario –profesional autónomo o pymes– cumpliese los requisitos del artículo 3 del Real Decreto-Ley 15/2020.
2En su caso, ¿sería posible que las partes acordasen alguna otra medida diferente a las previstas por las normas dictadas durante el estado de alarma en materia de arrendamientos?
Sí, en tanto las posibilidades previstas por las normas mencionadas son «medidas de contenido mínimo»; en consecuencia, las partes podrán pactar cualquier otra medida que implicase una mejora de las condiciones previstas por las medidas reguladas en la normas dictadas durante el estado de alarma.
3¿Qué ocurre si las partes hubiesen llegado a acuerdos beneficiosos para ambas con anterioridad a la publicación de las medidas previstas por las normas dictadas con posterioridad? ¿Seguirían siendo válidos dichos acuerdos?
Sí, los acuerdos alcanzados con anterioridad a la publicación de normas en materia de arrendamiento seguirían siendo plenamente válidos.
4¿Qué ocurre con los contratos de arrendamiento de vivienda que finalizasen durante la duración del estado de alarma? Y, en su caso, ¿qué ocurrirá con los contratos de arrendamiento de vivienda que finalizasen con posterioridad?
De forma excepcional, el arrendatario podrá obtener la prórroga extraordinaria y obligatoria del contrato –ya fuese por cumplimiento del término inicial o de cualquier de sus prórrogas posteriores– por un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de terminación del mismo. Durante la duración de dicha prórroga extraordinaria se mantendrá la aplicación de los mismos términos y condiciones del contrato que estuviese en vigor con anterioridad a la prórroga en cuestión. En su caso, el anterior régimen de prórroga extraordinaria también será de aplicación a aquellos contratos de arrendamiento de viviendas que finalizasen en el plazo de dos meses posteriores a la fecha de finalización del estado de alarma. En su caso, el anterior régimen de prórroga extraordinaria también será de aplicación a aquellos contratos de arrendamiento de viviendas que finalizasen en el plazo de dos meses posteriores a la fecha de finalización del estado de alarma.
5¿Qué ocurre si algún arrendatario intense beneficiarse de forma indebida de las medidas previstas para paliar las consecuencias del COVID-19?
En su caso, los arrendatarios que no reuniesen los requisitos exigidos y se hubieran beneficiado indebidamente de las medidas previstas o de cualquier otro acuerdo alcanzado con los arrendadores con ocasión de las consecuencias del COVID-19 serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera haber existido y le fuese imputable.
6En su caso, ¿es posible iniciar procedimientos de desahucios o lanzamientos por impagos de renta durante la duración del estado de alarma?
En la actualidad solo se han suspendido los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Medidas laborales en sede concursal

1¿Es posible que las empresas y profesionales concursados con anterioridad a la declaración del estado de alarma puedan beneficiarse de las ayudas a nivel laboral dictadas con posterioridad?
Sí.
2¿De qué medidas pueden beneficiarse las empresas y profesionales concursados?
De la suspensión de contratos de trabajo y/o de la reducción de jornada por causas de fuerza mayor así como por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
3¿Qué requisitos deben reunir?
Los que con carácter general se recogen en los artículos 22 (en los casos de fuerza mayor) y 23 (en los casos de razones económicas, técnicas, organizativas y de producción) del Real Decreto-Ley, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
4¿Se han prohibido los despidos objetivos durante la duración del estado de alarma?
No. Los despidos por causas objetivas siguen estando permitidos pero los que se produzcan durante la duración del estado de alarma se considerarán como improcedentes (es decir, los despidos objetivos no se han prohibido sino que se han encarecido al calificarse como improcedentes a todos los efectos).
5¿Lo anterior significa que cualquier despido será considerado como improcedente durante la duración del estado de alarma?
No, únicamente se considerarán como improcedentes los despidos objetivos. Por ejemplo, los despidos disciplinarios durante la duración del estado de alarma seguirán teniendo la misma consideración y tratamiento que con anterioridad.
6¿Qué ocurre con el requisito de “salvaguarda del empleo” al que quedan sujetos los ERTE por fuerza mayor si mi empresa se declara posteriormente en concurso de acreedores?
Dicho compromiso de mantenimiento de empleo no resultará de aplicación en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley Concursal. En caso de incumplimiento del compromiso la empresa habrá de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.
7¿Qué pasa entonces si mi empresa no salvaguarda el empleo y existe riesgo de concurso de acreedores?
El propio deudor tendrá que probar, frente a la Inspección de Trabajo, que se dan tales hechos externos (lo que normalmente tendría que probar un acreedor para instar el concurso necesario). En ese caso no se exigiría el mantenimiento de empleo de cara a mantener los beneficios de los ERTE por fuerza mayor.
1En su caso, ¿las medidas de naturaleza laboral seguirán tramitándose ante el juez del concurso?
No. Excepcionalmente, las medidas de naturaleza laboral se tramitarán ante la autoridad laboral conforme a la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
2¿Quién deberá solicitar las medidas; el concursado o la administración concursal?
En los casos de régimen de intervención la medida deberá ser solicitada por el propio concursado con la autorización de la administración concursal, y, en su caso, lo será directamente por la administración concursal en los concursos con régimen de suspensión. En cualquier supuesto, la resolución y las medidas finalmente adoptadas deberán informarse inmediatamente al juez del concurso de forma telemática.
3¿Qué funciones tendrá la administración concursal en estos procedimientos?
En los supuestos en los que se traten de medidas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la administración concursal será parte del periodo de consultas. Además, en caso de falta de acuerdo entre empleados y empresario, la administración concursal autorizará la decisión empresarial adoptada en los casos en los que exista régimen de intervención, y las adoptará directamente en los casos en los que exista régimen de suspensión.
4¿Qué ocurre si la autoridad laboral no aprobase las medidas solicitadas?
En caso de que se tratase de medidas solicitadas por razones de fuerza mayor la resolución podría ser impugnada ante la jurisdicción social. Por otro lado, si se tratase de medidas solicitadas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción la resolución podría ser impugnada ante el propio juez del concurso, sustanciándose por el incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recayese sería recurrible en suplicación.
5En todo caso, ¿qué ocurre con las solicitudes de medidas laborales anteriores a la vigencia del Real Decreto-Ley 11/2020?
En su caso, las medidas que ya hubieran sido aprobadas por el juez del concurso seguirán siendo plenamente válidas y mantendrán sus efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas por las normas dictadas durante el estado de alarma. Por otro lado, aquellas otras solicitudes que hubieran sido presentadas con anterioridad pero que aún estuviesen pendientes de resolución por el juez del concurso serán remitidas a la autoridad laboral para continuar su tramitación conforme a lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020.
6¿Qué significa en ese caso que concurra riesgo de concurso de acreedores?
Al vincular el riesgo al art. 5.2 de la Ley Concursal parece que éste sólo existe cuando se dan los llamados "hechos externos reveladores de la insolvencia" del art. 2.4 de la Ley Concursal. Esto es, en caso de insolvencia actual. "Riesgo" se referiría entonces a que, en realidad, la empresa tendría ya el deber de solicitar el concurso si no fuera por el covid. Y el riesgo es que esa situación no se solvente antes del 31 de diciembre (y que entonces tenga que concursar finalmente).

ERTES

1¿Un ERTE tiene alguna incidencia sobre las pagas extraordinarias?
El importe de las pagas extraordinarias estará incluido en la base de cotización que se hubiera tenido en consideración para el cálculo de la prestación por desempleo.
2En caso de optar por un ERTE, ¿el empresario tiene obligación de abonar algún tipo de importe indemnizatorio?
No.
3En su caso, ¿el empleado afectado por un ERTE tiene derecho a obtener algún de importe indemnizatorio?
No.
4¿El ERTE afectaría a los empleados que se encontrasen de baja o en situación de incapacidad temporal (por ejemplo, empleados que disfrutasen de permiso por maternidad o paternidad)?
No, el empleado continuaría de baja o en situación de incapacidad temporal.
5¿Qué ocurriría si el empleado dejase de encontrarse de baja o cesase la situación de incapacidad temporal?
En su caso, una vez se produjese el alta o cesase la situación de incapacidad temporal el empleado en cuestión estaría afectado por el ERTE y tendría derecho a solicitar la prestación por desempleo correspondiente.
6En caso de que el empleado estuviese disfrutando cualquier otro tipo de permiso que implicase la inactividad laboral (por ejemplo, excedencias), ¿Cómo le afectaría el ERTE?
En su caso, el empleado en cuestión estaría afectado por el ERTE en el momento en el que el mismo se reincorporase a la empresa y, a partir de entonces, tendría derecho a solicitar la prestación por desempleo.
7¿Existe tiempo máximo en el que pueda suspenderse los contratos de trabajo y las relaciones laborales con ocasión de un ERTE?
No. En principio, el ERTE podrá prolongarse en el tiempo –bien de forma inicial o prorrogada– tanto como fuera necesario en función de la duración del estado de alarma y de las diferentes medidas que fuesen adoptándose para combatir el COVID-19.
8¿El empresario que se beneficiase de las medidas previstas excepcionalmente tiene que cumplir alguna obligación adicional?
Sí, además de reincorporar a los empleados afectados por el ERTE una vez cesase las circunstancias excepcionales que lo hubiesen motivado, deberá cumplir un compromiso de conservar los puestos de trabajo en la empresa durante un plazo mínimo de seis meses a contar desde la fecha de reanudación de la actividad (Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).
9 ¿Hasta cuándo podrán las empresas y/o profesionales beneficiarse de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por fuerza mayor?
En principio, hasta el día 30 de junio de 2020.
10¿Qué ocurre con aquellas empresas y/o profesionales que hubieran desafectado durante las primeras fases de desconfinamiento a sus empleados en ERTE por fuerza mayor pero la actividad no recuperase su normalidad?
En ese caso, las empresas y/o profesionales podrán solicitar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) que, en principio, durará hasta el día 30 de junio de 2020 (mediante acuerdo de Consejo de Ministros podrá establecerse una prórroga de la duración en atención a las restricciones de la actividad por el COVID-19 y las medidas sanitarias que se apliquen).
11Considerando lo anterior, si la empresa y/o profesional solo hubiese desafectado a parte de los empleados afectados por un ERTE por fuerza mayor, ¿podría igualmente aplicar un ERTE por ETOP?
Sí. En su caso, un ERTE por razones de fuerza mayor y un ERTE por ETOP podrían coexistir hasta el día 30 de junio de 2020.
12¿Qué fecha de efectos tendrá un ERTE por ETOP que se hubiera iniciado a la fecha de finalización de un ERTE por fuerza mayor?
En su caso, la fecha de efectos del ERTE por ETOP se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor.
13¿Se ha acordado alguna limitación adicional en materia de medidas de regulación temporal de empleo?
Sí, las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no podrán acogerse a dichas medidas. Además, las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que contasen con más de 50 empleados o asimilados a los mismos en fecha 29 de febrero de 2020 y se hubieran acogido a los expedientes de regulación temporal de empleo utilizando recursos públicos destinados a los mismos no podrán repartir dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se hubieran aplicado estas medidas, salvo que previamente abonasen el importe de la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.
1¿Qué es un ERTE?
Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (por sus siglas, ERTE) es una suspensión de los contratos de trabajo de carácter temporal, que, en ningún caso, implica la extinción del vínculo contractual entre empresario y empleado durante el período de efectos de la suspensión. Todo lo contrario, por cuanto la técnica del ERTE implica que el contrato de trabajo suspendido se reanudará una vez hubiera cesado o finalizado la causa que justificó el expediente de regulación.
2¿El empleado afectado por el ERTE tiene derecho a la prestación por desempleo durante la suspensión de su contrato de trabajo?
Sí, durante el período de suspensión del contrato de trabajo con ocasión del ERTE el empleado afectado tendrá derecho a cobrar prestación por desempleo aun cuando no hubiera cotizado el período mínimo exigido de forma general (excepción introducida por el artículo 25 del Real Decreto- Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).
3¿Cuál es la cuantía y la base para el cálculo de la prestación?
El importe de la prestación ascenderá al 70 por ciento de la base reguladora durante los seis primeros meses y al 50 por ciento a partir del séptimo mes. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, si no se hubiese cotizado dicho período, será la resultante de computar el período de tiempo inferior inmediatamente anterior a la fecha en la que se hubiese adquirido la situación de desempleo con ocasión de las circunstancias extraordinarias que hubiesen originado la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
4Durante el periodo de suspensión, ¿se considerará la cotización de los empleados afectados por el ERTE?
Sí, el periodo de suspensión con ocasión del ERTE se considerará como periodo cotizado.
5Y el empresario, durante el mismo periodo de suspensión, ¿tendrá que seguir manteniendo su aportación empresarial en concepto de cotización por el/los empleado/s afectado/s?
Cuando la empresa tuviese menos de 50 trabajadores se le exonerará de su obligación de aportación en un porcentaje del 100 por ciento (es decir, no tendrá que realizar aportación alguna en concepto de cotización); y, en su caso, si tuviese más de 50 trabajadores se le exonerará en un porcentaje del 75 por ciento.
6¿Es necesario realizar algún trámite ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para tener acceso a las prestaciones por desempleo?
Sí, el empleado afectado deberá solicitarlo de forma telemática ante el SEPE (cada Comunidad Autónoma –o, en su caso, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– habilitarán canales específicos). Sobre lo anterior, es importante tener en cuenta que, el pasado 16 de marzo de 2020, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid ya publicó las «Instrucciones en relación a los servicios prestados por las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid tras la declaración del estado de alarma» en la que, específicamente, se señalaba lo siguiente: “3. Inscripciones de trabajadores afectados por solicitudes de ERTE: Los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporales de empresa (ERTE) no realizarán trámite alguno en relación con su alta en la demanda de empleo. La Dirección General del Trabajo de la Comunidad de Madrid, remitirá la relación de trabajadores afectados (incluidos los ERTE que afectan a menos de 50 trabajadores) a la Dirección General del Servicio Público de Empleo, que tramitará de oficio el alta de la demanda de empleo y se la remitirá al trabajador, preferentemente por medios telemáticos. Por tanto, no será necesario que los trabajadores se desplacen a su oficina de empleo. Para ello, las empresas que presentan el ERTE deberán facilitar los datos de DNI, nombre y apellidos de cada trabajador afectado y, siempre que sea posible, medio de contacto con este último (teléfono móvil y correo electrónico). Del mismo modo, se le pondrá en la comunicación enlace a la web de la Comunidad de Madrid (directorio de Oficinas de Empleo) por si necesitan contactar vía correo electrónico con su Oficina de Empleo. Una vez aprobado o rechazado el ERTE la Dirección General de Trabajo informará a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la decisión adoptada, los trabajadores afectados y el tiempo de duración del ERTE en su caso. Se informará de esta medida en las Oficinas de Empleo mediante cartelería en los accesos a las Oficinas de Empleo y mediante publicación en la página web institucional de la Comunidad de Madrid, indicando que se ha solicitado a la Dirección General de Trabajo que remita una comunicación a cada empresa solicitante de información a los trabajadores y que será tramitada de oficio la inscripción como demandante y remitido a su correo electrónico el justificante, o al postal, en su caso”.
7¿Existe algún plazo para solicitar la prestación por desempleo?
Aunque con carácter general existe un plazo de presentación (quince días hábiles desde la fecha de suspensión de la relación laboral), durante la duración del excepcional estado de alarma la presentación extemporánea de las solicitudes de prestación por desempleo no implicará reducción de los importes o la duración del derecho a la prestación por desempleo (excepción introducida por el artículo 26 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19).
8¿Durante el período de suspensión con ocasión de un ERTE por fuerza mayor se consume parte del período por prestación de desempleo?
No. El artículo 25 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ha introducido una excepción disponiendo “no computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos”.
9Durante el período de suspensión con ocasión de un ERTE, ¿se consumen vacaciones?
No, salvo pacto en contrario entre el empresario y el empleado, durante la suspensión del contrato de trabajo con ocasión de un ERTE no se agotará ni consumirá el período de vacaciones.
10¿Qué ocurrirá a partir del día 30 de junio de 2020?
En principio, empresas y/o profesionales deberán reincorporar a todos sus empleados afectados por medidas de regulación temporal de empleo para reanudar a la actividad.
11En su caso, ¿las empresas y/o profesionales seguirán estando exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta durante los meses de mayo y junio?
Sí, en diferentes porcentajes y condiciones. Respecto de las personas trabajadores que hubieran reiniciado su actividad tras la renuncia de la medida de regulación temporal de empleo –ya fuese total o parcial– en empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos a fecha 29 de febrero de 2020, la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. En su caso, si la empresa y/o profesional hubiera tenido a más de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismo a fecha 29 de febrero de 2020, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. Respecto de las personas trabajadores que no hubieran reiniciado su actividad tras la renuncia de la medida de regulación temporal de empleo –ya fuese total o parcial– en empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos a fecha 29 de febrero de 2020, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. En su caso, si la empresa y/o profesional hubiera tenido a más de cincuenta trabajadores o asimilados a los mismo a fecha 29 de febrero de 2020, la exención alcanzará el 45% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.
12¿La aplicación de las exoneraciones del abono a la aportación empresarial se aplicarán de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social?
No, deberán ser solicitadas a instancia de parte. En su caso, empresas y/o profesionales deberán comunicar, por cada código de cuenta de cotización mediante declaración responsable, la situación de fuerza mayor total o parcial, así como la identificación de los empleados afectados y el periodo de suspensión o reducción de jornada.
13 En su caso, ya se mantengan de forma total o parcial las medidas de regulación temporal de empleo o se apliquen unas medidas nuevas por ETOP, ¿seguirá siendo exigible el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad?
Sí, salvo en los casos en que exista riesgo de insolvencia que pudiera abocar a la empresa y/o profesional a un concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
14Considerando todo lo anterior, ¿Qué ocurre con los socios que ejercitasen su derecho de separación por falta de distribución de dividendos?
El ejercicio en que no se repartiesen dividendos con ocasión de la aplicación de medidas de regulación temporal de empleo a causa del COVID-19 no se tendrá en consideración para el cómputo de ejercicios con beneficios distribuibles.

Desescalada estado de Alarma

1¿A partir del día 4 de mayo se da por finalizado el estado de alarma?
No. A partir del 4 de mayo comienza la que ha sido denominada como la «Fase 0» o «Fase de preparación» para la finalización de la situación extraordinaria decretada en todo el territorio nacional con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19 (a excepción de las islas de Formentera, la Gomera, el Hierro y la Graciosa que comenzarán directamente por la denominada «Fase 1»).
2¿Están obligadas las empresas y profesionales a la reapertura de sus establecimientos comerciales o a reanudar su actividad durante esta «Fase 0» o «Fase de preparación»?
No. La Orden SND/388/2020 no obliga a empresas y profesionales a la reapertura de sus establecimientos comerciales o a reanudar su actividad sino más bien establece la posibilidad de que aquellas empresas y profesionales puedan hacerlo sí así lo consideran conveniente y siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos en materia de protección de la salud y medidas higiénicas.
3¿Qué requisitos deben cumplir empresas y profesionales para poder reabrir sus establecimientos comerciales o reanudar sus actividades?
En primer lugar, si se tratase de la reapertura de un establecimiento comercial este tendrá que tener una dimensión igual o inferior a 400 metros cuadrados para poder abrir al público. Y, además de lo anterior, se deberá cumplir con ciertos requisitos organizativos: a saber, será necesario (1) establecer un sistema de cita previa que garantice la presencia de un único cliente por cada persona trabajadora; (2) establecer medidas higiénicas y de protección de la salud que garanticen la debida separación física entre personas (instalación de mostradores, mamparas, etc.); y, en todo caso, (3) establecer un horario de atención preferente para mayores de 65 años en la misma franja horaria para la realización de paseos y actividad física permitida a este colectivo.
4En su caso, ¿las medidas anteriores serán aplicables a todo tipo de establecimientos comerciales y profesionales?
Las medidas higiénicas y de protección de la salud sí serán aplicables a todo tipo de establecimientos comerciales y profesionales; en cambio, la limitación de apertura de establecimientos con una dimensión igual o inferior a 400 metros cuadrados solo serán aplicables a los establecimientos comerciales y profesionales que decidan reanudar su actividad a partir del día 4 de mayor (no siendo así en el caso de actividades comerciales y/o profesionales que estuviesen autorizadas a continuar en su desarrollo y prestación desde el inicio de la declaración del estado de alarma).
5En su caso, ¿será necesario adoptar medidas higiénicas y de protección de la salud adicionales en relación con la atención al público?
Sí, además de las medidas anteriores, los establecimientos comerciales que abran al público realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas y medidas adicionales: Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día; Los establecimientos comerciales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y deberán estar siempre en condiciones de uso; No se podrán ofrecer a los clientes productos de prueba; Los establecimientos que cuenten con probadores deberán desinfectar el espacio habilitado tras el uso de cada cliente; Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que hayan sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad; Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual (EPIs) utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos; Se deberá disponer de papeleras con tapadera protectora, así como garantizar una ventilación adecuada de las instalaciones, y, salvo urgencias, no se permitirá el uso de aseos por parte de los clientes; y, Cuando sea posible la concurrencia de más de un cliente en el establecimiento deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización.
6¿Y respecto a los empleados serán necesarias medidas adicionales?
Sí, será necesario establecer medidas de lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo (en todo caso, deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados). Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de una persona trabajadora. En su caso, se deberán aplicar también medidas higiénicas y de protección de salud en zonas comunes para los empleados (vestuarios, taquillas, aseos, etc.) cuando en el establecimiento comerciales hubieran de permanecer más de uno de ellos en actividades de atención al público.
7Durante la «Fase 0» o «Fase de preparación», ¿existe alguna limitación adicional en algún sector de actividad?
Sí, las actividades de hostelería y restauración solo podrán realizarse mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida de pedidos en los establecimientos previa realización de pedidos por parte del cliente a través de teléfono o de canales en línea (salvo que el establecimiento cuente con zona habilitada para solicitud y recogida para vehículos), quedando prohibido en todo caso el consumo en el interior de los establecimientos. En su caso, los servicios de entrega a domicilio podrán ser de carácter preferente para personas mayores de 65 años, personas dependientes u otros colectivos más vulnerables a la infección por COVID-19. Asimismo, los establecimientos comerciales deberán contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedidos donde se realizará el intercambio y pago, debiendo garantizarse la debida separación física entre personas.
1¿Qué ocurre con aquellas empresas o profesionales que hubieran realizado un ERTE pero necesitasen reincorporar a todos sus empleados o a parte de ellos?
Las empresas o profesionales que hubiesen optado por realizar un ERTE pero necesitasen a todo su personal para reanudar la actividad podrán reincorporar a todos ellos sin ningún inconveniente. En su caso, si la empresa o profesional solo necesitase a parte de sus empleados afectados por un ERTE podrá desafectar y reincorporar a parte de aquellos sin necesidad de reincorporar al resto de empleados que seguirán afectados por el ERTE realizado.
2¿Cómo se realiza esa desafectación; ya fuese completa o parcial?
La empresa o profesional deberá comunicar a la autoridad laboral y a la entidad gestora del desempleo correspondiente su decisión de reincorporar –total o parcialmente– a sus empleados para la reanudación de la actividad y justificar los motivos por los que decide mantener al resto de empleados.
3En ese caso, ¿qué ocurre con los empleados que estuvieran afectados por un ERTE por fuerza mayor y no hubieran sido desafectados durante la duración de la «Fase 0» o «Fase de preparación»?
Nada, seguirán en la misma situación hasta la finalización del estado de alarma.
4¿Cuándo dejará de tener efectos el ERTE por fuerza mayor? Y, en paralelo, ¿hasta cuándo se beneficiarán empresas y profesionales de la exención del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social?
Ambas, hasta la fecha de finalización del estado de alarma.
5¿Qué ocurre si tras la finalización del estado de alarma la empresa o profesional reincorporaran a todos los empleados afectados por un ERTE por fuerza mayor pero la actividad no recuperara su ritmo normal de actividad e ingresos?
En su caso, la empresa o el profesional podrían optar por realizar un ERTE por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE ETOP) relacionadas con el COVID-19; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
6En defecto de lo anterior, ¿sería posible adoptar alguna otra medida?
Sí, en tanto podría adoptarse cualquier otra medida beneficiosa que pudiera resultar de la negociación entre empleador y empleados.

Contáctanos

logo-carles-cuesta-web